La empresa sostiene que el Estado boliviano mantiene pendiente, desde hace 16 años, el pago establecido tras la expropiación del 33,34% de su participación accionaria en Fancesa. Advierte que el caso afecta la seguridad jurídica y la confianza para nuevas inversiones.
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) ratificó, mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, autoridades y al sector empresarial, que mantiene plenamente vigente su derecho a recibir una indemnización por la expropiación de sus acciones en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).
La empresa recordó que el Estado boliviano dispuso, mediante el Decreto Supremo N° 0616, del 1 de septiembre de 2010, la expropiación de su participación accionaria del 33,34% en Fancesa y su transferencia a favor de la Gobernación del Departamento de Chuquisaca.
Según Soboce, la propia norma estableció la obligación de indemnizar a la empresa y fijó inicialmente un plazo de 180 días para la valuación y el pago. Sin embargo, sostiene que, transcurridos 16 años desde la emisión del decreto, la indemnización continúa pendiente.
Reclama el cumplimiento de la Constitución
Soboce señala que la situación debe analizarse también a la luz de la Constitución Política del Estado, que en su artículo 56 reconoce el derecho a la propiedad privada y, en el artículo 57, establece que nadie puede ser expropiado sin la correspondiente indemnización justa y previa.
“El Estado despojó a SOBOCE de su propiedad, la transfirió a la Gobernación del Departamento de Chuquisaca, pero nunca pagó la indemnización”, afirma la compañía en su comunicado.
Para la empresa, la discusión sobre si corresponde al Gobierno central o a la Gobernación de Chuquisaca asumir el pago constituye un nuevo factor que ha contribuido a prolongar el incumplimiento de la obligación.
Seguridad jurídica, más allá del discurso
Soboce vincula el caso con el debate nacional sobre la promoción de inversiones y la propuesta de una nueva Ley de Inversiones, cuyo objetivo incluye fortalecer la seguridad jurídica para los inversionistas.
En ese contexto, sostiene que mientras un derecho respaldado por la Constitución y reconocido en un decreto de expropiación permanezca incumplido durante 16 años, la seguridad jurídica corre el riesgo de quedar reducida a un compromiso meramente declarativo.
La empresa considera que la falta de cumplimiento efectivo de esta obligación no solo genera un perjuicio directo para Soboce, sino que también puede enviar señales negativas a potenciales inversionistas respecto al respeto de los derechos de propiedad y de los compromisos asumidos por el Estado.
Mantiene abiertas las vías legales nacionales e internacionales
Soboce también afirma que la falta de solución al caso afecta sus derechos bajo el Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito el 30 de julio de 1993.
La compañía señala que mantiene activas y vigentes todas las vías legales nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos de cobro.
