El sector construcción enfrenta un aumento en los costos de materiales y mano de obra calificada, afectando plazos y presupuestos, y generando preocupación por la sostenibilidad de las obras.
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (CADECOCRUZ) emitió una seria advertencia sobre la situación crítica que atraviesa el sector de la construcción en el país. Aldo Sülzer Limpias, presidente de la institución,dijo que el aumento sostenido en los precios de materiales, la escasez de divisas, el encarecimiento de la mano de obra calificada y las deudas impagas por parte del Estado han generado un escenario que pone en riesgo la continuidad de muchos proyectos y la sostenibilidad de cientos de fuentes de empleo.
Uno de los factores que está afectando la estructura de costos de las obras es el incremento en la remuneración de la mano de obra calificada. Según Sülzer, este grupo de trabajadores representa actualmente un porcentaje variable en el costo total de una obra. En construcciones de menor escala, la mano de obra especializada puede representar entre un 20% y 30% del total, mientras que en obras de gran magnitud este valor se reduce a un rango que oscila entre el 10% y 20%. Esta variabilidad responde a las características y etapas del proyecto, pero en todos los casos, el peso económico del recurso humano capacitado es considerable.
Durante la última gestión, el precio promedio por hora de los operarios calificados experimentó un incremento del 30%. Esta subida responde tanto al encarecimiento general del costo de vida como a la escasez de trabajadores especializados en el sector, situación que comenzó a generar retrasos en la ejecución de las obras. La falta de disponibilidad de personal con competencias técnicas específicas afecta directamente los cronogramas, dificultando que los proyectos cumplan con sus plazos establecidos y aumentando los riesgos contractuales y financieros para las empresas.
costos
Además del problema de la mano de obra, la industria enfrenta un contexto de inestabilidad de precios en los insumos de construcción. Un reciente estudio elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Desarrollo (CEED) de CADECOCRUZ, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra que la mayoría de los materiales de construcción han registrado aumentos en sus precios.
Los productos con mayor variación en los últimos 12 meses son el cemento, el vidrio de cristal para ventanas y el estuco. A esta tendencia se suma la pérdida de valor del boliviano frente al dólar, cuya depreciación ha superado el 90%, lo que impacta de manera directa en el costo de productos importados.
Según explicó Sülzer, más del 80% de los ítems utilizados en una obra típica provienen del exterior, lo que significa que la pérdida del poder adquisitivo del boliviano incide fuertemente en el costo final de los proyectos. Esta situación golpea especialmente a las empresas que no cuentan con capacidad financiera suficiente para comprar insumos en grandes volúmenes o para establecer contratos a precio fijo con proveedores.
Otro punto crítico para las constructoras es la volatilidad de los precios de dos materiales clave: el cemento y el acero. En obras de pequeña escala, como viviendas familiares, estos materiales pueden representar entre el 15% y 20% del costo total. No obstante, en infraestructuras más complejas, como puentes o caminos, su incidencia puede llegar a ser del 40% al 70%. Este aumento en el peso de los insumos básicos pone una fuerte presión sobre el presupuesto, especialmente cuando se trata de obras públicas que dependen de contratos establecidos con márgenes de reajuste limitados.
Para enfrentar esta situación, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5321, que permite el reajuste de precios en obras públicas en ejecución. Esta norma fue producto de gestiones conjuntas entre CADECOCRUZ, la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO) y otras entidades del rubro. El objetivo del decreto es preservar la continuidad de los proyectos de inversión pública, reconociendo el contexto inflacionario que atraviesa el país. Sin embargo, el presidente de CADECOCRUZ advirtió que la medida es insuficiente.
El principal problema, señaló Sülzer, es que el decreto tiene una vigencia limitada hasta el 30 de mayo de 2025 y presenta barreras operativas que dificultan su aplicación. Por este motivo, la institución ha elaborado propuestas de modificación que serán presentadas en las mesas técnicas de trabajo con el Gobierno. Estas propuestas buscan hacer más eficientes los mecanismos de reajuste y brindar mayor certidumbre a las empresas contratistas que ejecutan obras en el ámbito público.
Mientras tanto, las empresas constructoras están adoptando diferentes estrategias para sobrevivir en estos tiempos de crisis. Entre las medidas implementadas se encuentra el incremento de inventarios, es decir, la compra anticipada de materiales para asegurar precios y evitar las consecuencias de futuras alzas.
También se están renegociando contratos con clientes privados, estableciendo cláusulas de revisión de precios en función de los cambios en los costos. Además, muchas empresas están reduciendo sus costos fijos y ajustando sus estructuras operativas para reducir riesgos financieros.
Estas acciones, sin embargo, no logran revertir el estado de estancamiento en el que se encuentra el sector. La caída de la inversión pública por parte del gobierno central y de los gobiernos departamentales, la falta de liquidez de los gobiernos municipales y el incumplimiento en el pago de planillas de avance de obra están afectando seriamente a las empresas constructoras y de servicios. La situación se ve agravada por la disminución del acceso al crédito por parte de la población, lo que reduce la demanda en el mercado inmobiliario y residencial.
El presidente de CADECOCRUZ advirtió que, de no tomarse medidas urgentes, el deterioro del sector puede derivar en la paralización de numerosos proyectos y en la pérdida de miles de empleos directos e indirectos.
Convocó a las autoridades para reinstalar, de forma inmediata, las mesas técnicas de diálogo entre el Gobierno y el sector privado, con el objetivo de establecer soluciones estructurales a los problemas que enfrenta la industria de la construcción. “Necesitamos voluntad política, coordinación y un plan de acción serio, aseguró.
